Por Carlos Camacho
El cuádruple homicidio ayer en la comunidad de Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma, nos muestra con crudeza varios rostros de la descomposición social que padecemos desde hace un buen tiempo.
Un policía encargado de dar seguridad a sus conciudadanos que se contrató para eso en Mineral de la Reforma, es el responsable de haber asesinado a cuatro personas, entre ellas su ex pareja sentimental, sus ex suegros y otra persona más, todos ellos en el interior del domicilio de la mujer.
Horas más tarde, en un operativo policiaco, en la localidad de Nopalapa, sobre la carretera interestatal Pachuca-Ciudad Sahagún, fue aprehendido el presunto homicida, cuando pretendía quitarse la vida, aparentemente, con la misma arma blanca con la que horas antes había acabado con la vida de cuatro personas.
Paradójicamente, el mismo día en la tribuna del pueblo, la sede del Poder Legislativo, se proponían instrumentos legales para reforzar la atención a las víctimas de violencia familiar, que pretenden incidir en la reducción de este delito del que en su mayoría las víctimas principales son niños, mujeres y personas de la tercera edad.
Marco Antonio M.G, dicen las crónicas policiacas, se había contratado como integrante del cuerpo de Seguridad Pública en el municipio de Mineral de la Reforma, para brindar seguridad a sus conciudadanos y acabar con los delincuentes.
Pero en su vida familiar y personal, la situación era otra. Su ex pareja lo acusó en octubre de violencia familiar y privación ilegal de la libertad, por lo que fue detenido en octubre del año pasado y vinculado a proceso el 21 de ese mismo mes.
Pero, el juez o jueza que lleva su caso, decidió brindarle libertad condicional y el 15 de noviembre salió del Centro re Reinserción Social (Cereso); cuatro días más tarde, dice la autoridad municipal de Mineral de la Reforma, renunció a su trabajo como policía.
La audiencia posterior para que se le dictara sentencia, sería el 27 de febrero, pero ayer, el ex uniformado decidió cambiar la historia y acudió al domicilio de su ex pareja para asesinarla, junto con sus ex suegros y otra persona. Una más, resultó herida y gracias al llamado de auxilio de dos menores de edad, acudieron los cuerpos de seguridad al hogar de la occisa para brindar los primeros auxilios.
Más tarde, en un operativo fue ubicado y detenido el agresor en la localidad de Nopalapa, donde pretendía quitarse la vida, pero los agentes lo impidieron y lo llevaron en calidad de detenido a una clínica para su atención.
La descomposición social es evidente: un policía encargado de dar seguridad, que se vuelve un criminal; una mujer que para no tener más problemas con su ex pareja, le otorgó el perdón legal, lo que le permitió salir libre; un juzgado que consideró menor el delito y le otorgó al ahora homicida la libertad condicional; un hogar de luto y una sociedad que no atina a vivir en armonía y tranquilidad, por hechos como el profusamente narrado en los medios de circulación local y uno que otro de presencia nacional.
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