Por Carlos Camacho
El de San Fernando, no es el único caso, pues del total de fraccionamientos construidos en las últimas dos décadas en la zona metropolitana de Pachuca, el 70 por ciento no han sido “municipalizados”, lo que provoca serias carencias y problemas legales a los moradores de esos asentamientos humanos.
Y los problemas se deben a que los fraccionadores, construyen venden y se van, sin entregar las construcciones a los municipios correspondientes, para que estos a su vez se hagan cargo de brindar servicios básicos como luz eléctrica, agua potable, drenaje, calles en buen estado, alumbrado público y seguridad.
Por consecuencia, los gobiernos municipales no se hacen responsables de brindar esos servicios, en tanto la empresa constructora no haga la entrega legal del asentamiento a las autoridades.
Desde hace 18 años, los colonos del Fraccionamiento Privada de San Fernando, se las han tenido que arreglar por su cuenta para tener servicio de energía eléctrica en sus casas, agua potable y un deficiente y peligroso servicio de drenaje, pues sus desechos los descargan a cielo abierto en unos campos de cultivo, cuyos propietarios bloquean el flujo del drenaje cuando sus tierras se inundan, provocando anegaciones en varias de las 3,600 viviendas construidas en ese sector perteneciente al municipio de Mineral de la Reforma.
Hoy enfrentan otro problema, pues María del Jesús Camacho Licona, comenzó la construcción de viviendas residenciales en un terreno que se llamará Perseo y que encuentra en medio del fraccionamiento Privadas de San Fernando.
Los trabajos de compactación del suelo han provocado daños estructurales a las viviendas cercanas, así como a tres de las seis aulas del jardín de niños, que por su afectación han tenido que ser cerradas definitivamente, por el riesgo que representan para los niños y personal docente que los atiende.
María Elena Blancas, María Montserrat Espinosa, Diana Monroy y César López Ramírez, representantes de los colonos, con apoyo del abogado Cuauhtémoc Alvarez, han emprendido una lucha social y legal para que el fraccionamiento sea “municipalizado” para comenzar a poner orden y contar de manera formal con los servicios que la Constructora ZEUQRAM, prometió durante la promoción y venta de casas.
Tienen dudas respecto a la forma en que María del Jesús Camacho Licona, obtuvo el permiso para construir viviendas de lujo y para la conexión de su dren pluvial al centro de captación ¡¡¡que no existe!!! Y para el que le dieron un plazo de 60 días, desde junio del año pasado.
Recuerdan los afectados que acudieron con el ex alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix SOTO; para pedir su apoyo y “municipalizar” el fraccionamiento y “en tono burlón, nos dijo que para qué queríamos municipalizar si contábamos con los servicios”.
En la Comisión de Aguas y Alcantarillado de Servicios Intermunicipales (CASSIM), les pedían un pago de nueve millones de pesos, que adeuda la constructora por el servicio de agua y alcantarillado.
Para poder contar con el servicio de luz eléctrica, acudieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde tuvieron que pagar adeudos por tres mil 600 pesos, por vivienda.
Los abogados de ZEUQRAM, para parar las protestas vecinales, acudieron a sus representantes a quienes mostraron los planos con ubicación precisa de las casas sin ocupar para que “sin problema”, las invadan y se queden con ellas, como pago por su silencio.
César López, es muy claro cuando dice que “aquí somos incorruptibles” y no cejarán en su lucha por la municipalización, además de esperar el apoyo de las autoridades en el entendido de que “En San Fernando, somos 4T”.
Especial
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